Agustín García Márquez
Sábado, 01 Marzo 2014
Es un tema ineludible. El trágico fin de una menor de edad en un hotel de paso en Orizaba a manos de un varón, su ocasional cliente y también menor de edad, confirmó la existencia de personas en minoría legal ejerciendo la prostitución en las calles orizabeñas y probablemente en otros sitios como cantinas y casas de masaje.
Los medios impresos, virtuales y radiofónicos hicieron más énfasis en la sangre que en su edad y el olvido rápidamente alcanzó a la víctima. Ningún particular que facilitara el comercio sexual de la menor de edad ha sido llamado a cuentas.
Además de su victimario, nadie ha sido regañado; vamos, ningún funcionario municipal, de Seguridad Pública, Gobernación, o de la Jurisdicción Sanitaria han expresado su preocupación por que diversas normas legales fueran claramente rebasadas.
Ninguno del selecto grupo de “los abajo firmantes” presentó alguna queja; los mariachis y las ONG callaron.
Se suponía que los menores de edad no pueden entrar a los hoteles en Orizaba, especialmente después de que un joven le arrebatara la vida a una estudiante que era su novia, a principios de junio de 2009. Es claro que la existencia de esas normas sólo es una suposición. La realidad es que en Orizaba no hay autoridad que haga cumplir la ley cuando se trata de la prostitución de menores.
En otros asuntos, si de negocios se trata, esas mismas autoridades tienen la adrenalina al máximo, con todo su aparatos represivo (policiaco e ideológico), para combatir el nefando delito del comercio ambulante, como se vio en la gresca del sábado pasado en el Parque Castillo.
¿Por qué ante la prostitución de menores y el comercio ambulante hay dos reacciones tan diferentes y opuestas?
¿Se trata acaso del lugar?, es decir, no se permitirá el comercio ambulante en el centro histórico y en la calle Madero porque es el espacio privilegiado donde los bienes inmuebles tienen un mayor valor y se busca que nada afecte al mercado inmobiliario; porque forma parte del circuito turístico local, o porque el comercio ambulante podría ser ejercido por mujeres indígenas de Ixhuatlancillo, es decir, por simple racismo.
La autoridad no tomó medidas para prevenir el enfrentamiento aunque numerosos observadores advirtieron que la inseguridad, el desempleo, las reformas legales y la ineptitud de los políticos están creando un ambiente propicio para la insurrección social.
Cuando unos inspectores intentaron retirar una mujer ixhuateca con su hijo en brazos y en el altercado su otra pequeña hija resultó lesionada, los peatones se solidarizaron con ellas. La multitud, de entre cien y quinientas personas, requirió de espacio e invadió la calle Madero, interrumpiendo el tráfico vehicular a un costado del parque público.
Un elemento de Tránsito y luego su jefe intentaron mover al grupo y fueron retenidos como únicas víctimas de la indignación popular, pues los inspectores municipales ya habían huido; entonces la Policía municipal se movilizó para rescatarlos.
La carga policiaca disolvió la reunión y detuvieron a varias personas, pero más tarde la presencia de los elementos de la Marina los disuadió para que a su vez se replegaran.
Los siguientes días fueron dignos de un estudio sobre las políticas públicas, medios de comunicación e interculturalidad. La negociación, real o supuesta, con el esposo de la mujer ixhuateca para ceder espacios públicos a los comerciantes, a cambio de olvidar los actos de discriminación y la violación de sus derechos dejó al descubierto un pensamiento premoderno y bien machista. Y de nuevo, los mariachis y las ONG callaron.
El lugar donde la mujer originaria de Ixhuatlancillo estaba comerciando es parte del antiguo Ixhuatlán, el pueblo antecedente a la fundación de Orizaba a mediados del siglo XVI, pero que los ixhuatecos abandonaron poco después de la conquista española para ir a fundar Ixhuatlán del Monte que ahora es conocido como Ixhuatlancillo.
Sólo el derecho emanado de la conquista española, y todavía no abolido en Orizaba, es lo que sustenta el reglamento de comercio invocado para negarle su histórico espacio a los ixhuatecos, pues por otra parte, el reglamento no fue consultado con los pueblos indígenas afectados antes de su promulgación, tal como indican diversos acuerdos internacionales suscritos por México; el Congreso del Estado debería valorar su vigencia legal, al no consultar a los sanjuaneros, ixhuatecos y atzompeños que hace más de cien años realizan el comercio en las calles de Orizaba.
Es la ley al estilo Orizaba. Al gusto, selectiva, oscura e ilegal. |